El martes 1º de agosto entrará en vigencia el nuevo procedimiento penal para adolescentes en La Pampa, aprobado en la Ley 3353. Esta ley tiene como objetivo garantizar los derechos y el debido proceso a los adolescentes vinculados a la comisión de una infracción penal, brindando una asistencia integral y teniendo en cuenta el principio educativo en todas las intervenciones.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) emitió una acordada para aprobar las pautas de transición y actuación de la nueva normativa. También solicitó la creación de dos cargos adicionales de Fiscal Adjunto y que los actuales secretarios de las secretarías penales de los Juzgados de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes se integren en las Fiscalías correspondientes del Ministerio Público.
El STJ publicó el Acuerdo Nº 3914 en el Boletín Oficial, donde se establece que la nueva ley se aplicará a todos los adolescentes imputados de delitos en la jurisdicción territorial de La Pampa, siempre que tengan 16 años o más a la fecha de comisión de los hechos que se les atribuyen. Los jueces Penales para Adolescentes serán los encargados de aplicar los procedimientos establecidos en la Ley 3353 y, en caso necesario, también podrán recurrir al Código Procesal Penal de la Provincia.
El cambio de paradigma que trae consigo esta nueva normativa busca una justicia restaurativa, enfocándose en la protección integral de los derechos de los adolescentes. Se promueve la conciliación entre las partes, la reparación voluntaria del daño causado, evitando la revictimización y promoviendo la autocomposición en un marco jurisdiccional.
La ley implica una refuncionalización de cargos y la creación de nuevos puestos, como dos cargos adicionales de Fiscal Adjunto, cinco cargos de Defensor Adjunto y una Dirección de Organización y Control. Esta medida busca dotar al Ministerio Público de recursos y personal especializado para implementar correctamente la Ley 3353.
El nuevo procedimiento penal para adolescentes en La Pampa, entrará en vigencia el 1º de agosto, y busca garantizar los derechos de los adolescentes involucrados en procesos penales, aplicando un enfoque restaurativo y protegiendo su integridad y bienestar en el sistema judicial.