Durante 2024, el 29% de los accidentes fatales en Argentina ocurrieron en rutas nacionales, lo que llevó a varios gobernadores a reclamar al Gobierno por la falta de mantenimiento y paralización de obras públicas. Entre los más críticos se destacó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien denunció abandono y cuestionó el destino de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles.
El Gobierno nacional, por su parte, continúa con su plan de cerrar Corredores Viales S.A. y avanzar en la privatización de 14.000 kilómetros de rutas, bajo un nuevo esquema sin subsidios estatales. Este proceso incluye audiencias públicas y apunta a transferir la gestión a concesionarios privados, con tramos clave como la Ruta 7 en Mendoza ya bajo responsabilidad provincial.
En paralelo, funcionarios de Santa Fe también alertaron por el deterioro de rutas y pidieron mejoras urgentes. La tensión crece entre provincias que exigen respuestas y un Estado nacional que apuesta por el modelo privado para la infraestructura vial.