La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó la decisión de mantener bajo la guarda de sus abuelos paternos a tres niñas, y rechazó los recursos presentados por sus progenitores, una mujer y un hombre denunciados por ejercer violencia contra ellas. Además, ratificó la prohibición de acercamiento del padre hasta que no se garantice que su conducta no implica un riesgo para las menores.
El conflicto judicial surgió a raíz de una causa por medidas cautelares iniciada por la madre, J.J.G., y el padre, S.O.V., quienes enfrentan denuncias por violencia familiar. La jueza de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial había resuelto previamente suspender la restitución de las niñas a la madre y mantener la restricción de contacto del padre, basándose en un informe elaborado por la Dirección General de Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar.
El informe, fechado el 12 de mayo, detalló que el padre ejerció violencia de género «gravísima y crónica» contra la madre, mientras que ella fue señalada por malos tratos psicológicos, negligencia y violencia física hacia las niñas. La evaluación fue respaldada por entrevistas, seguimientos y articulaciones con instituciones especializadas.
La Asesora de Niñas, Niños y Adolescentes, Agustina Pensa, apoyó la medida al considerar que no existían condiciones para que las niñas regresaran con sus progenitores, subrayando que la decisión «prioriza su interés superior y evita nuevas situaciones de riesgo».
La Cámara, al evaluar los recursos de apelación, concluyó que los progenitores no lograron impugnar de forma concreta y razonada los fundamentos de la sentencia de primera instancia. Además, señalaron que los informes en los que basaron sus recursos estaban desactualizados y no reflejaban la situación actual de las niñas.
En su fallo, los jueces reafirmaron que la protección de los derechos de las niñas es prioritaria, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 26.061 y jurisprudencia de la Corte Suprema. Advirtieron que ambos progenitores deberán cumplir con tratamientos y acompañamientos recomendados por organismos especializados si desean recuperar el vínculo familiar.
La medida busca garantizar un entorno seguro y libre de violencia para las menores, resguardando su bienestar físico y emocional.