En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno intenta controlar el daño político y judicial sin negar la autenticidad de los audios filtrados que involucran a altos funcionarios.
Aunque el presidente Javier Milei se mantiene en silencio, su principal asesor, Santiago Caputo, lidera la estrategia de contención. Por el momento, la Casa Rosada sostiene que hay una “utilización política” del caso, aunque no desmiente el contenido de los audios. Incluso, se avanzó con el despido del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, y se intervino el organismo.
Las grabaciones mencionan un supuesto pedido de sobornos del 8% a droguerías, con el 3% destinado —según lo dicho por Spagnuolo— a “altas autoridades” del Gobierno, incluido el asesor Eduardo “Lule” Menem. Esto desató una investigación a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, impulsada por el abogado Gregorio Dalbón.
Mientras tanto, algunos dirigentes libertarios insinúan que se trata de una “operación política” en el marco de la campaña electoral. Sin embargo, desde la Casa Rosada aclaran que esa no es la línea oficial, y que por ahora esperarán los avances judiciales antes de pronunciarse con mayor firmeza.
El único funcionario de alto perfil que se refirió al tema fue Guillermo Francos, quien también habló de una posible “maniobra política”. Milei, Karina Milei y Luis Caputo, por su parte, evitaron toda mención al tema en sus últimas apariciones públicas.