La Legislatura de Mendoza aprobó la ampliación del Distrito Minero Occidental de Malargüe y convirtió en ley una guía técnica que permite a las empresas mineras operar en zonas de glaciares y ambientes periglaciares, territorios que hasta ahora estaban fuertemente protegidos por la Ley Nacional de Glaciares. La medida posiciona a Mendoza como la primera provincia en habilitar este tipo de actividad y podría servir de base para la reforma nacional que impulsa el presidente Javier Milei, quien busca flexibilizar la protección vigente para facilitar inversiones mineras.
El nuevo protocolo exige monitoreo meteorológico e hídrico, estudios del permafrost y análisis del aporte de glaciares y cuerpos congelados al caudal de los ríos. Sin embargo, su enfoque —que plantea que la superficie afectada sería “poco significativa”— generó fuerte preocupación entre especialistas y provincias ubicadas aguas abajo, especialmente La Pampa, que depende en gran parte de los ríos nacidos en la cordillera para el abastecimiento humano, agrícola y ganadero.
Científicos del IANIGLA recordaron que los glaciares y los ambientes periglaciares son reservas estratégicas de agua, capaces de aportar hasta la mitad del caudal en años secos. También alertaron que en la última década se redujo de manera notable la superficie glaciaria y de nieve permanente, por lo que cualquier intervención podría agravar la pérdida de recursos hídricos.
Ambientalistas y gobiernos de provincias áridas temen que la flexibilización permita avanzar sobre zonas clave para la regulación del agua, generando potenciales riesgos de contaminación, alteración de cursos naturales y menor disponibilidad en cuencas compartidas.
Mientras Nación y provincias mineras celebran el avance como una “oportunidad de desarrollo”, el caso Mendoza ya abre un frente de conflictividad ambiental y federal: si el precedente se extiende, podría desencadenar una disputa mayor por el agua en regiones críticas del país.