El Gobierno de Javier Milei lanzó finalmente el anteproyecto de reforma laboral con una estrategia de máxima dureza y sin acuerdos previos, lo que abrió un fuerte conflicto con los sindicatos y puso a prueba el respaldo de los gobernadores en el Senado. La iniciativa, diseñada por Federico Sturzenegger, avanzó sin concesiones al poder gremial y dejó sin margen al ala dialoguista de la Casa Rosada.
El texto propone límites a la negociación colectiva, cambios en las afiliaciones sindicales, restricciones a la cuota solidaria y una fuerte reducción de aportes a las obras sociales, lo que según los gremios pone en riesgo el sistema. El Gobierno busca un debate exprés y “a libro cerrado” en la Cámara alta, donde Patricia Bullrich será la encargada de reunir los votos necesarios.
La CGT y el peronismo reaccionaron con sorpresa y malestar. Dirigentes sindicales cuestionaron la falta de negociación real y denunciaron que el proyecto desconoce lo discutido en el Consejo de Mayo. Con escaso poder de bloqueo propio, ahora apuestan a influir sobre los gobernadores y sus senadores para frenar la iniciativa.
En paralelo, la Casa Rosada intensificó las gestiones con mandatarios provinciales, combinando negociación política y discusión de recursos, mientras acelera el tratamiento de la reforma en simultáneo con el debate del Presupuesto. La movilización sindical prevista en Plaza de Mayo busca visibilizar el rechazo social y sumar apoyos.
La reforma laboral se perfila así como una prueba clave para Milei, en un contexto de creciente preocupación social por el desempleo, la inflación y la situación económica, y con un escenario político todavía abierto en el Senado.