Sandra Astudillo tenía prisión domiciliaria pero le fue revocada luego de que la fiscal agravara las imputaciones en su contra. Pidieron una audiencia para que el humorista también vaya a prisión.
La empleada de la Legislatura de Mendoza imputada en el caso de abuso sexual, amenazas y privación de la libertad en contexto de violencia de género que protagoniza el humorista Juan “Cacho” Garay, fue enviada a la cárcel de mujeres de Cacheuta, luego de que se le revocara la prisión domiciliaria de la que gozaba.
Es que Sandra Astudillo Staffolani quedó más comprometida luego de que la fiscal de Violencia de Género Mónica Fernández Poblet, quien instruye la causa luego de que su par Daniel Carniello fuera apartado por pedido de la querella, agravara las imputaciones en su contra tras una serie de pruebas que se analizaron y se añadieron al expediente en los últimos días.
La presunta cómplice de Garay está imputada por “abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género”, indicaron fuentes judiciales.
Tras una audiencia que se realizó hoy, se le revocó la domiciliaria y se dispuso el traslado de la empleada legislativa al penal. Por otro lado, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una audiencia para revocar la domiciliaria también al comediante denunciado por su ex pareja, Verónica Macías. Se estima que será a mediados de la semana próxima ya que la fiscal teme que el humorista pueda fugarse o entorpecer de otro modo la investigación.
A Garay se le imputan ahora la siguiente lista de delitos: “amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (en dos hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a la que se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia de una orden judicial; todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género”.