El Superior Tribunal de Justicia (STJ) avaló la legalidad de las escuchas telefónicas en el caso que involucra al médico Jorge Rigutto y otros imputados por estafa procesal, falsificación de instrumento privado y cohecho activo. Los ministros Fabricio Losi y Eduardo Fernández Mendía, de la Sala B, rechazaron recursos de casación presentados por las defensas de Rigutto y el médico forense Juan Carlos Toulouse. Estas defensas alegaron que las escuchas eran ilegales y que todas las actuaciones debían anularse. El STJ basó su decisión en la Constitución, pactos internacionales, jurisprudencia y la acordada 17/2019 de la Corte Suprema de la Nación.
El tribunal afirmó que las escuchas eran válidas cuando existía una mínima sospecha razonable de un delito específico, como establecido en el caso Quaranta. Consideraron que las declaraciones del médico forense Véliz generaron esta sospecha y respaldaron la autorización del juez Chapalcaz para realizar las escuchas, que dieron resultados positivos. El STJ enfatizó la necesidad de equilibrio entre la privacidad y la persecución penal en el uso de medidas probatorias, citando la acordada 17/2019.
El tribunal afirmó que la orden de Chapalcaz tenía proporcionalidad, fundamentación y control institucional judicial. También respaldó la resolución del Tribunal de Impugnación que rechazó la teoría defensiva de que se buscaba información aleatoriamente. En cuanto al cumplimiento de la entrega de resultados al juez Chapalcaz, el STJ concluyó que las objeciones de las defensas carecían de fundamento constitucional.
En resumen, el STJ respaldó la legalidad de las escuchas telefónicas en el caso Rigutto, basándose en criterios de sospecha razonable, equilibrio entre privacidad y persecución penal, y cumplimiento de estándares judiciales en la autorización y ejecución de las medidas probatorias.