En un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino se comprometió a implementar significativos aumentos en las tarifas de luz y gas, superiores al 200% y 150%, respectivamente, a partir de febrero, con actualizaciones mensuales. Estos incrementos buscan reducir los subsidios en 0,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2024, según el staff report del organismo.
Además, se contempla el aumento del impuesto a los combustibles y la desregulación del sector energético como parte de un plan para alcanzar el equilibrio fiscal. El Ministerio de Economía busca consolidar un ajuste del gasto en torno al 3% del PBI, incluyendo la reducción de subsidios energéticos ineficientes.
El informe del FMI destaca la implementación de un nuevo esquema de asistencia basado en una canasta básica energética, que representará el 10% de los ingresos de cada grupo conviviente, compuesta por partes iguales de luz y gas. Este subsidio estatal se aplicará a aquellos que superen ese porcentaje de gastos en sus facturas.
En paralelo, se confirmó un aumento del 630% en los impuestos a los combustibles líquidos, que reemplazaría los ingresos esperados por la suba de retenciones. Este incremento impactará en los precios de los combustibles y se espera una suba del 25% en el precio de la nafta.
En el ámbito de la energía, la Secretaría de Energía busca desregular el sector, alineando los precios minoristas de los combustibles con los internacionales y eliminando el precio máximo interno del petróleo. Estas medidas buscan impulsar la inversión en reservas de gas y petróleo no convencional, favoreciendo las exportaciones.
A pesar de la posible postergación de los aumentos en las tarifas de gas para evitar impactos inflacionarios, el Gobierno mantiene su rumbo claro hacia la reducción de subsidios en las facturas de energía, buscando cumplir con los compromisos asumidos con el FMI.