El municipio de Santa Rosa, gobernado por Luciano di Nápoli, ha generado controversia tras la firma en marzo de 2024 de un convenio con la Fundación Saber Cómo, presidida por Lorenzo Rodrigo Beccaria, un dirigente del Frente de Todos. A través de este acuerdo, la fundación se lleva el 50% de la recaudación de las fotomultas generadas por los radares y cámaras de control de velocidad que se instalarán en puntos estratégicos de la ciudad.
Lo curioso es que la Fundación Saber Cómo, creada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), no tiene entre sus funciones la implementación de sistemas de control de tráfico o seguridad vial. A pesar de ello, la fundación se ha involucrado en un convenio con la Municipalidad, en el marco de la Ordenanza N° 6974/23, que autoriza la instalación de 25 cámaras y 10 radares para detectar infracciones y excesos de velocidad.
Aunque en un principio se anunció que las fotomultas comenzarán a cobrarse en julio de 2024, luego se pospuso hasta octubre, y ahora, ya en diciembre, los ciudadanos de Santa Rosa aún no han recibido ninguna multa. Esta demora se suma a la creciente preocupación por las condiciones del convenio que favorecen a la Fundación Saber Cómo, que no solo recibe la mitad de la recaudación, sino que también se asegura el pago de sus gastos operativos sin necesidad de un concurso o licitación.
Lorenzo Beccaria, quien ha tenido un recorrido político como asesor en el gobierno de Axel Kicillof y otras funciones dentro del Frente de Todos, preside la fundación que, curiosamente, ha firmado convenios en diversas áreas que poco tienen que ver con la seguridad vial. La fundación ha ofrecido apoyo y asesoramiento en temas como la innovación tecnológica, el desarrollo industrial y la capacitación, pero no se menciona en ningún momento la gestión de sistemas de control de velocidad o seguridad vial.
El acuerdo ha generado dudas sobre la transparencia y la legalidad del mismo, y aunque la administración local defiende el plan como una medida de prevención y concientización vial, la situación deja en evidencia el papel de los intereses políticos detrás del negocio de las fotomultas en la ciudad. Mientras tanto, los vecinos de Santa Rosa esperan que finalmente se inicie el cobro de las multas, mientras observan cómo una fundación vinculada a la política se lleva una parte significativa de los ingresos.