El Gobierno nacional anunció este martes una profunda reforma en la política migratoria que incluirá mayores restricciones para la residencia de extranjeros, aranceles a servicios públicos y un sistema de deportación más ágil. La medida fue presentada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en Casa Rosada, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y funcionarios del área.
La reforma será oficializada en los próximos días mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y busca modificar sustancialmente el sistema vigente. “Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular”, afirmó Adorni, remarcando el objetivo de frenar el ingreso de personas con antecedentes penales y reforzar el control sobre aquellos que cometan delitos en el país.
Entre los puntos clave, se destaca que ningún extranjero con condena podrá ingresar a territorio argentino, y quienes cometan delitos —sin importar la pena— podrán ser deportados. Además, se autorizará la expulsión por delitos menores con penas de hasta cinco años, aunque todavía no se detallaron los procedimientos ni plazos específicos.
La reforma también incluye el arancelamiento de los servicios de salud para residentes transitorios, temporarios e irregulares, que deberán además contar con un seguro médico al ingresar. Según datos oficiales, la atención médica a extranjeros significó un gasto de $114.000 millones. En el plano educativo, se permitirá que las universidades nacionales cobren por sus servicios a los residentes temporarios, medida que no alcanzará a los niveles inicial, primario ni secundario.
Esta reforma retoma aspectos del polémico DNU 70/2017 impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, derogado en 2021 por la gestión de Alberto Fernández tras cuestionamientos judiciales y reclamos de organismos de derechos humanos. Dicho decreto fue declarado inconstitucional por limitar derechos de los migrantes y omitir el debido proceso en casos de expulsión.
El presidente Javier Milei ya había anticipado esta política en su discurso del 1° de marzo, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, al afirmar que Argentina no puede continuar siendo “un centro de beneficios pagado por el bolsillo de los argentinos”. Desde el Gobierno, justifican esta reforma argumentando que en los últimos 20 años ingresaron más de un millón de inmigrantes de forma irregular.
Datos oficiales muestran que el 6% de la población carcelaria es extranjera, con predominancia de ciudadanos de Paraguay, Bolivia y Perú. A nivel federal, el 16,1% de los presos son migrantes, y en la provincia de Buenos Aires representan el 45% de los detenidos en cárceles locales.
La reforma ya genera debate y promete confrontaciones judiciales, en un contexto donde las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han advertido sobre posibles retrocesos en las garantías fundamentales de las personas migrantes.