Con estados de emergencia (sitio) y patrullaje militar arrancó en Perú un proceso de lucha contra la inseguridad, que, pese a ser un clamor popular, genera dudas por posibles riesgos para los derechos humanos.
“Se siente más tranquilidad, aunque no suficiente; toca colaborar porque los policías o los militares te pueden pedir documentos en cualquier momento”, dijo a Télam Stephany Dionisio, comunicadora de 32 años que ha pensado irse del distrito limeño San Juan de Lurigancho por la delincuencia.
Desde el jueves pasado, en los dos mayores distritos entre los 43 de Lima, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, se observa a militares en posiciones de vigilancia antes reservadas a la Policía.
Esos dos distritos y la provincia de Sullana, en el departamento norteño Piura, fueron declarados en emergencia por la inseguridad, medida anunciada el lunes por la presidenta Dina Boluarte desde Nueva York.
La emergencia, que incluye medidas que aún no se conocen en la totalidad, significa que durante al menos dos meses habrá restricciones en las libertades en esos tres lugares y que los militares dejarán los cuarteles para patrullar.
La decisión fue bien recibida por buena parte de la población. Incluso, la mayoría de alcaldes distritales del norte de Lima piden que la medida se extienda, entre otras cosas porque temen que delincuentes de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres emigren hacia sus zonas.
“Que se declare cada distrito de Lima norte en estado de emergencia para poder incorporar en la estrategia de la seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas y poder restringir algunos derechos”, dijo el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo.
Pero esa aceptación estuvo acompañada por alertas ante un eventual menoscabo de los derechos humanos y por críticas al gobierno por supuestamente echar mano a una medida efectista ante la falta de estrategias.
“Hay una razón (de alerta) que atañe a la vigencia misma de la democracia y el estado de derecho: se trata del riesgo que la figura del estado de emergencia supone para los derechos humanos –la vida, la integridad física, las libertades– de la población”, reaccionó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica.
“Este es un riesgo permanente frente al cual toda precaución y toda vigilancia son necesarias; pero hay que decir además que, en el Perú de hoy, cuando el Estado parece haber perdido la autocontención en el uso de la fuerza, como lo mostraron trágicamente las (77) muertes causadas durante las protestas de inicios de este año, la alarma es todavía más justificada”, agregó el Instituto en un comunicado.
En cuanto a la carencia de estrategia, el exministro del Interior y general retirado de la Policía Remigio Hernani comentó: “No existe ningún plan contra la inseguridad. ¿Qué saben la señora Boluarte o sus asesores de seguridad? No conocen y cuando se les da un punto de vista no les interesa”.