A las 15 en punto, comenzó hoy la segunda jornada del juicio oral que se le sigue a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora Elisa Alejandra Catán, por mal desempeño en el diligenciamiento de los expedientes por la tutela y el cuidado personal del niño Lucio Dupuy, quien falleció el 26 de noviembre de 2001.
Pérez Ballester es la jueza titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de General Pico; y Catán está a cargo de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N° 2 de esa ciudad. Ambos están suspendidas preventivamente hasta que concluya la tramitación del juicio.
El legajo de la tutela se tramitó en el primer semestre de 2019 y el del cuidado personal en el segundo semestre de 2020.
En el primero, la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti aceptó otorgarle el cuidado de Lucio a la tía política Leticia Hidalgo porque no estaba en condiciones económicas para mantenerlo. Hidalgo es la esposa de Maximiliano Ezequiel Dupuy Gómez, quien es hermano de Christian Sebastián Dupuy, padre del niño. En el segundo, la tía aceptó devolverle la tenencia de Lucio a su progenitora porque tenía trabajo. Ambas causas se resolvieron a partir de acuerdos entre las partes.
El procurador general subrogante, Guillermo Sancho, acusó a las dos funcionarias de no haber oído al niño ni al padre y de no haberle dado intervención a la Dirección General de Niñez. A su vez, a Pérez Ballester le imputó no darle participación al equipo interdisciplinario del Poder Judicial en el cuidado personal y a Catán, haber archivado el expediente de la tutela. Por eso habló de “omisiones e incumplimientos reiterados”.
El proceso se rige por la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento y por eso se realiza en el recinto de la Cámara de Diputados. El tribunal está integrado por su presidente, Fabricio Luis Losi –presidente del Superior Tribunal de Justicia–; las legisladoras provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio, quien fueron designadas por sorteo.
Por las defensas intervienen el defensor particular, Pablo Rodríguez Salto, representando a la jueza; y la defensora general, Carina Ganuza, y la defensora oficial, Ana Carolina Díaz, en representación de la asesora. Ayer, durante el primer día, Pérez Ballester y Catán expresaron que, por el momento, no iban a declarar.
Testigos.
Mariángeles López, defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa.
La testigo dijo que el organismo recibió dos consultas de Espósito Valenti, una “por un juicio que ya estaba cerrado” y otra para que “colaboremos para que salga una sentencia sobre un trámite en la Anses” en el expediente del cuidado personal. Y acotó que a raíz de ello se comunicó con Pérez Ballester. También indicó que “como fueron asesoramientos y no tenemos un registro propio, no quedaron antecedentes escritos. Fue en plena pandemia”.
“Lo escribimos a los cuatro o cinco días del fallecimiento de Lucio, al mes y hace una semana. Como Defensoría no encontramos ningún indicador que hiciera sospechar que el niño estaba siendo vulnerado. Al día de hoy seguimos revisando y no encontramos ninguna situación de vulneración que nos hiciera sospechar de maltratos”.
“El pensamiento sobre las escuchas a los niños no es lineal, sino que analizamos el contexto de cada caso en particular para saber si son necesarias o no”.
Juan Pablo Meaca, defensor a cargo de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa.
El testigo afirmó que a los cuatro días de la muerte de Lucio, después de pedirle informes a las Unidades de Niñez de Santa Rosa y General Pico, le indicaron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que no había denuncias sobre presuntos malos tratos. “Incluso al día de hoy, y después de una sentencia (condenatoria) no hay informes, denuncias, exposiciones o actas, de organismos públicos y privados, que mostraran algún indicador que el niño estuviera sufriendo situaciones de vulnerabilidad”.
“El derecho del niño a ser escuchado depende de su desarrollo y su grado de madurez. Pero tampoco hay que poner al niño a decidir un conflicto entre adultos, si se va con mamá o papá, como por ejemplo en cuestiones de alimentos, regímenes comunicacionales o cuidados personales”.
¿Cómo debería actuarse en el cuidado personal de un niño al que se le cambia el centro de vida?, preguntó Sancho. “Si las partes están de acuerdo y al niño se le garantiza el régimen comunicacional, o aún si no hay acuerdo y existe una resolución judicial y se le sigue garantizando ese derecho, no veo que haya cuestiones para oponerse”.
“Por el cambio de paradigma, el garante del derecho es la familia y el Estado colabora. Lo que se cambió fue la lógica de que debía existir una intervención total del Estado en cuestiones de familia”.
¿Es una negligencia grave entregar a un niño con los genitales paspados?, preguntó Rodríguez Salto. “Todos tuvimos hijos y a todos se nos han paspado… Hay que ver el contexto o si se trato de un hecho suelto para intervenir o no”, respondió el testigo. El interrogante tuvo relación con la imputación que pesa sobre Pérez Ballester, acerca de que omitió comunicarle a la Dirección General de Niñez de que esa lesión figuraba en la denuncia que la madre formuló contra el tío Maximiliano Dupuy porque presuntamente le impedía el contacto con Lucio.