Los diputados provinciales Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, pertenecientes a Comunidad Organizada, presentaron una denuncia penal ante la Seccional Tercera de Policía de Santa Rosa. La denuncia se originó a raíz de las declaraciones realizadas durante una conferencia de prensa en la que participaron varios dirigentes sindicales. En dicho evento, Julio Acosta, uno de los asistentes, amenazó con ataques a los legisladores de la oposición y a sus familias si no apoyaban el proyecto de ley de creación y aumento de impuestos propuesto por el gobernador Sergio Ziliotto.
La denuncia señala que las amenazas proferidas constituyen actos contra el orden público y buscan coaccionar a los diputados en el ejercicio de sus funciones constitucionales, creando una situación de temor público y perturbando el orden social. Los diputados Fonseca y Aliaga solicitaron a la autoridad judicial que investigue estos hechos y adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad y el libre ejercicio de sus funciones legislativas.
Fonseca también manifestó que su familia ya ha sido víctima de ataques violentos en el pasado. Recordó incidentes similares ocurridos durante el mandato de Juan Carlos Tierno como intendente, cuando grupos que decían representar al pueblo instigaron a la violencia para desestabilizar su gobierno. La diputada subrayó que Julio Acosta tuvo un papel destacado en esos hechos, repitiendo ahora sus amenazas.
Comunidad Organizada ha declarado públicamente su oposición al proyecto de Ziliotto, fundamentando su posición con argumentos que presentarán también en el recinto legislativo. Según los denunciantes, estas amenazas demuestran cómo Ziliotto utiliza a grupos violentos, disfrazados de sindicatos u otras representaciones, para intimidar a quienes no se alinean con sus políticas.
La denuncia fue presentada hoy mismo, ya que uno de los diputados denunciantes regresó a la provincia recientemente, permitiendo así la formalización de la acusación.
El desarrollo de esta situación será seguido de cerca por las autoridades y la comunidad, ante la gravedad de las acusaciones y las implicaciones para el orden público y la integridad de los representantes legislativos.