La interna del Partido Justicialista en La Pampa sumó un nuevo capítulo tras la impugnación presentada contra la lista «Renovación Peronista Pampeana», encabezada por el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli. La objeción fue formalizada por los apoderados de la lista rival, «Peronismo Pampeano», ante la Junta Electoral Permanente del PJ.
Según la presentación, la lista de Di Nápoli no cumple con los requisitos establecidos en la Carta Orgánica del partido, principalmente por no haber presentado la totalidad de los Delegados Departamentales. El artículo 16 del estatuto partidario exige que el Consejo Provincial esté conformado en su totalidad, con presidente, vicepresidente, secretario general, doce secretarios y todos los delegados departamentales. Desde «Peronismo Pampeano» aseguran que faltan 21 cargos, lo que, según expresaron en un comunicado, “afectaría la legalidad, integralidad, representatividad y funcionamiento del Consejo”.
Además, denunciaron que la candidata a la vicepresidencia de la lista de Di Nápoli no cumpliría con el requisito de antigüedad mínima en la afiliación, exigido también por la normativa interna del PJ.
La Junta Electoral, compuesta por Nicolás Idiart, Erika Milano, Maximiliano Acosta, Damián Aldama y Ludmila Fanzini, tiene un plazo de 72 horas para evaluar los argumentos y definir si oficializa o no la lista impugnada.
Del otro lado, «Peronismo Pampeano», que propone al gobernador Sergio Ziliotto como presidente del Consejo, presenta una lista que integra a representantes de todas las líneas internas del PJ provincial: Plural, Convergencia, La Cámpora, Identidad Peronista, NEP y Alternativa Pampeana.
En cuanto a la situación local, en Santa Rosa no se han presentado impugnaciones, lo que permitirá una competencia electoral entre ambas listas en varias secciones de la ciudad y el Consejo Local de Unidades Básicas. En otras localidades como Castex, Victorica, Santa Isabel y Catriló sí se registraron impugnaciones.
La pulseada por el liderazgo dentro del PJ pampeano continúa, y ahora la decisión queda en manos de la Junta Electoral, que deberá resolver en medio de una creciente tensión interna.