En una jornada que prometía ser histórica para la política argentina, el Senado rechazó por un solo voto el proyecto de ley de “Ficha Limpia”, una iniciativa que buscaba impedir la candidatura de personas con condenas judiciales firmes en segunda instancia por delitos contra la administración pública. Lo que parecía un trámite asegurado para el oficialismo terminó en una inesperada derrota, protagonizada por un giro de último momento de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Ambos legisladores, pertenecientes al espacio renovador de Misiones y que habían apoyado el proyecto en Diputados, sorprendieron al votar en contra en la Cámara alta. La decisión generó indignación en distintos sectores políticos, ya que hasta último momento habían ratificado su respaldo a la iniciativa ante sus colegas oficialistas. El voto negativo de Arce y Rojas Decut fue clave para que el conteo final quedara en 36 a favor y 35 en contra, insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos necesaria para leyes de carácter electoral.
La Casa Rosada quedó en el centro de las críticas tras conocerse que, durante las horas previas a la votación, varios senadores recibieron intensas presiones mediante llamados del Ejecutivo. Incluso, fuentes del Congreso aseguraron que los misioneros fueron objeto de una fuerte estrategia de influencia. Pese a eso, el gobierno nacional emitió un comunicado en el que repudió el resultado y apuntó contra los legisladores “que priorizaron intereses partidarios sobre la demanda del pueblo”.
El presidente Javier Milei no tardó en expresar su malestar. “Lamentable. Fin”, publicó en sus redes sociales, y más tarde la Oficina del Presidente profundizó esa línea: “Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo”.
El rechazo se dio en medio de maniobras legislativas que incluyeron la presentación de un dictamen de minoría del kirchnerismo, una jugada que alertó a algunos sectores del oficialismo sobre un posible intento de dilatar el tratamiento o devolver el texto a Diputados. Pese a ello, se avanzó con una votación general y particular conjunta, realizada a mano alzada y no por medios electrónicos, lo que también fue considerado un error de procedimiento tras el resultado adverso.
Alejandra Vigo, senadora peronista disidente y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue una de las voces más críticas tras la sesión. “Dio frutos el acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo nacional, que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales, que lleva una candidata libertaria en la lista”, denunció.
El resultado dejó expuestas profundas tensiones dentro del Congreso y desató un vendaval político que pone en duda futuras alianzas, al tiempo que sepulta -al menos por ahora– una ley largamente impulsada por sectores que promueven mayor transparencia en la política argentina.