Un inusual juicio se lleva a cabo esta semana en el Centro Judicial santarroseño. El oficial inspector Cristian Martín Galván, exjefe de la subcomisaría de Lonquimay, enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras haber, presuntamente, empleado a seis reclusos como mozos y personal de limpieza en la fiesta de su casamiento. El evento, que tuvo lugar el 31 de mayo del año pasado, se realizó en un salón de fiestas ubicado a metros del destacamento policial.
Según confirmaron fuentes judiciales, los detenidos no solo realizaron tareas de limpieza, sino que también sirvieron comida a los invitados durante la celebración nupcial de Galván.
El juicio se inició este miércoles con la declaración de testigos ofrecidos por la Fiscalía, todos ellos agentes policiales. Este jueves fue el turno de los propios detenidos, quienes testificaron también como testigos de la Fiscalía, algunos de ellos confirmando su presencia y participación en el evento. Se espera que el debate concluya este viernes con la declaración de testigos ofrecidos por la defensa del oficial, quienes serían familiares del acusado. Posteriormente, se procederá a los alegatos de clausura.
El juez a cargo de la causa es Andrés Aníbal Olié, mientras que la investigación fue llevada adelante por el fiscal Guillermo Alberto Sancho. La defensa del oficial Galván está a cargo de los abogados privados Marcos Bertolotti Fiore y Alberto Emanuel Morales.
Además del proceso penal en curso, se ha iniciado un sumario administrativo en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) contra Cristian Martín Galván. Aunque no se pudo confirmar la situación actual del policía dentro de la fuerza (si se encuentra en situación pasiva u otra), desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) aclararon que «la situación en que está el policía, realmente no la sé, la cuestión de si está en pasivo o algo, eso es una cuestión puramente administrativa. Lo que sí sé es que existe abierto un sumario en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Y en este caso se juzga la parte penal».
El delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el cual se imputa a Galván, contempla una pena que oscila entre un mes y dos años de prisión, además de una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena impuesta.